Se desconoce cuál será el auténtico coste de la medida que el Gobierno prevé implantar en 2024. Tampoco que sistema se utilizará para su cobro, ni el cómputo de kilómetros inicial en el que se establecerá, ni si, finalmente, afectará a transportistas. Pese a ello, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CTEM), así como diferentes asociaciones comunitarias de transportistas de alimentación y pasajeros han mostrado su preocupación ante esta iniciativa.
"Nos encontramos ante una situación de incertidumbre", ha reconocido Dulsé Díaz, Secretario General Adjunto de CTEM; que ha recordado que en julio de 2020 el secretario de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, firmó un acuerdo con representantes del sector en el que se comprometía a no aplicar peajes sin establecer previamente consensos con el sector del transporte. La nueva medida que ahora Saura defiende como 'justa' consiste en aplicar un peaje sobre los usuarios habituales de la red de carreteras nacional, que ya 'ha sido costeada' a través de nuestros impuestos mediante los Presupuestos Generales del Estado y los impuestos a los hidrocarburos. 1 céntimo el kilómetro es el coste que más consenso ha obtenido en el ejecutivo, de modo que a un viaje de 350 kilómetros se le aplicaría un sobrecoste de 3,50 €. Desde CTEM advierten que, si finalmente esta medida es aplicada también a los diferentes servicios de transporte, el coste repercutirá en el usuario final. "España está muy lejos de Europa y los productos que exportamos son, en su mayoría, de bajo valor añadido. Este sobrecoste podría hacer que nuestros productos pierdan competitividad en Europa", ha advertido Díaz en declaraciones recogidas por PressDigital. También ha mostrado su rechazo a esta medida la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO). En palabras de su presidente, Francisco Aranda, "aumentar la recaudación con arreglo a una propuesta que supondrá un importante coste para los profesionales del transporte es tremendamente inoportuno". Según Aranda, lo único que conseguirá el Gobierno con esta propuesta será "frenar la competitividad y el crecimiento económico del sector".
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